Mandy

Nació con la Ley de 16-24 de agosto de 1790 y la Proclama de 1789, que prohibieron a los jueces ordinarios juzgar a la Administración Pública para proteger la separación de poderes, creando así la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sentencia de 1873 del Tribunal de Conflictos francés. Consagró la autonomía del Derecho Administrativo y la responsabilidad extracontractual del Estado basada en reglas especiales del servicio público y no en el Código Civil.

Sentencia de 1889. Consolidó al Consejo de Estado francés como juez ordinario de la administración, eliminando el sistema del 'ministro-juez' donde el ministro resolvía sus propios litigios.

Sentencia de 1903. Amplió la competencia de la jurisdicción administrativa a los asuntos locales y territoriales (municipios y departamentos) y a los contratos de servicio público.

Rama del derecho público interno que regula la organización, funciones, actuaciones, servicios y responsabilidad de la Administración Pública y sus relaciones con los particulares.

Criterio que define al D. Admin por las prerrogativas de autoridad, mando y coacción unilateral que ejerce el Estado sobre los administrados.

Criterio que lo define como el conjunto de normas destinadas a la prestación regular y continua de servicios para satisfacer el interés general.

Es la actividad o función administrativa orientada al interés general, sin importar qué órgano o particular la ejecute.

Es la estructura formal de entidades, órganos y servidores públicos que integran la Rama Ejecutiva y demás organismos del Estado.

La Pública busca el interés general, ejerce poder público y se rige por el derecho público. La Privada busca el lucro particular, opera en igualdad y se rige por la autonomía de la voluntad.

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar los principios y derechos constitucionales, asegurar la convivencia pacífica y defender la independencia nacional.

1. Constitución (norma suprema), 2. Ley (expedida por Congreso), 3. Reglamento (decretos ejecutivos), 4. Jurisprudencia (fallos unificados), 5. Doctrina y 6. Principios generales.

Actividad estatal continua y concreta destinada a cumplir los fines del Estado mediante la expedición de actos, ejecución de hechos, contratos y servicios públicos.

Ente ficticio creado por la ley u otra norma de derecho público, con capacidad para ejercer derechos, asumir obligaciones y gestionar recursos públicos.

1. La Nación, 2. El Departamento de Cundinamarca, 3. El Municipio de Bogotá D.C., 4. La Universidad Nacional de Colombia, 5. La Superintendencia Financiera.

Ente ficticio o individual constituido bajo el derecho privado (Código Civil o Comercial) por iniciativa de particulares.

Forma de Estado que posee un único centro de poder político y legislativo nacional, con descentralización únicamente en la gestión administrativa (Art. 1 C.P.).

Expresa que la función administrativa está al servicio exclusivo de los intereses generales.

Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Descentralización, delegación y desconcentración.

Postula que aunque las ramas del poder público tienen funciones separadas, deben colaborar armónicamente para realizar los fines del Estado.

Regla según la cual la administración y los servidores públicos solo pueden actuar con previa y expresa autorización de la Constitución y la Ley.

Presunción iuris tantum por la que los actos administrativos se consideran válidos y obligatorios mientras la jurisdicción no declare su nulidad.

División del poder público en tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) para evitar el abuso de autoridad y garantizar la libertad ciudadana.

Es la cualidad de poseer principios, normas, régimen de responsabilidad y jurisdicción propios, independientes del derecho privado.

Constitucional (subordinación), Civil (supletoriedad), Procesal (juicios contenciosos), Laboral (empleo público) y Penal (régimen disciplinario y sancionatorio).

Actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas, vías de hecho y omisiones administrativas.

Manifestación unilateral de voluntad de una autoridad pública que produce efectos jurídicos directos e inmediatos (crea, modifica o extingue situaciones jurídicas).

Acontecimiento involuntario o físico de la naturaleza o del hombre que genera consecuencias jurídicas y responsabilidad para el Estado.

Conjunto de actuaciones materiales o ejecuciones prácticas destinadas a hacer cumplir una decisión tomada previamente en un acto administrativo.

Actuaciones materiales arbitrarias o irregulares de la administración ejecutadas sin respaldo en la ley ni en un acto administrativo legítimo.

Inactividad, abstención o descuido injustificado de la administración ante un deber legal claro e inexcusable de actuar.

Sujeto/Competencia, Motivo/Causa, Objeto, Procedimiento/Forma y Finalidad.

Material: Asunto atribuido. Territorial: Ámbito geográfico habilitado. Temporal: Período o lapso en que se puede ejercer la función.

Decisiones normativas de carácter general, abstracto e impersonal que crean o modifican el ordenamiento jurídico a futuro (ej. decretos reglamentarios).

Decisiones individuales que colocan a una persona determinada bajo el imperio de una situación jurídica general previa (ej. acto de nombramiento).

Califica el acto según la naturaleza material de la función ejercida, sin importar si lo expide la rama ejecutiva, judicial o legislativa.

Califica el acto según el rango o posición del órgano que lo expide en la pirámide de la estructura estatal.

En Generales (dirigidos a personas indeterminadas) y Particulares/Individuales (dirigidos a personas determinadas).

En Unilaterales (expedidos por una sola autoridad) y Plurilaterales/Complejos (requieren la concurrencia de dos o más autoridades).

En Reglados (aplicación estricta de requisitos de ley) y Discrecionales (margen legal de oportunidad y apreciación).

En De trámite/preparatorios (impulsan el procedimiento) y Definitivos (deciden el fondo del asunto o ponen fin a la actuación).

Constitución → Decretos Legislativos → Decretos Reglamentarios Nacionales → Resoluciones Ministeriales → Ordenanzas Departamentales → Acuerdos Municipales.

1. Sujeto: Órgano competente. 2. Motivo: Supuestos de hecho y derecho. 3. Objeto: Contenido del acto. 4. Forma: Requisitos del procedimiento. 5. Fin: Interés general.

Disposiciones de alcance general, abstracto e impersonal aplicables a toda la comunidad o a un grupo indeterminado.

Actos individuales que aplican un régimen legal general a una persona concreta al cumplir un requisito de condición.

Evalúa el acto por la sustancia administrativa de la actividad ejercida, permitiendo controlar actos administrativos expedidos por jueces o el Congreso.

Determina la fuerza obligatoria del acto y qué recursos proceden (reposición o apelación) según el nivel jerárquico del emisor.

Conjunto de trámites, formalidades y etapas reguladas por la ley que debe seguir la administración para expedir actos o atender solicitudes.

Proteger los derechos de las personas, garantizar la primacía del interés general y asegurar la sujeción de las autoridades a la Constitución y la Ley.

A los organismos de la Rama Ejecutiva, órganos de control, entidades autónomas y a particulares cuando ejerzan funciones administrativas.

1. De oficio: Por iniciativa de la autoridad. 2. Por petición: Solicitud directa de un interesado. 3. Por deber legal: Mandato expreso de una norma.

Debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Obligación de las autoridades de resolver peticiones atendiendo las sentencias de unificación del Consejo de Estado para casos idénticos.

Mecanismos para garantizar la imparcialidad: el funcionario con interés directo debe declararse impedido; de no hacerlo, el interesado puede recusarlo.

Proceso obligatorio de concertación con comunidades étnicas (indígenas, afro) ante proyectos o decisiones administrativas que afecten sus territorios o cultura.

Derecho fundamental (Art. 23 C.P.). Modalidades y plazos: General/Particular: 15 días; Información/Copias: 10 días; Consultas: 30 días.

Seguridad/defensa nacional, datos personales sensibles, secreto profesional, secreto comercial/patentes e investigaciones disciplinarias/penales en etapa reservada.

Es aquel que decide el fondo del asunto de la actuación o hace imposible su continuación (Art. 43 CPACA).

Decisiones donde la ley otorga un margen de apreciación al servidor; deben ser siempre proporcionales y adecuadas a los fines de la norma que las autoriza.